Hace unos meses, la prensa se hacía eco de los primeros refugiados climáticos de EEUU. A primeros de año, medio centenar de vecinos de la pequeña isla de Jean Charles, en el sureste de Luisiana, recibían la noticia de que su hogar terminaría totalmente inundado por el impacto del la intervención del hombre en el entorno y el calentamiento global. Dentro de su adversidad, estos 50 habitantes tuvieron suerte: el Gobierno federal les ofreció 48 millones de dólares hasta 2022 para que se mudaran a tierra firme.
No sucede lo mismo en otros rincones del mundo. ¿Por qué? Sencillo, por la indiferencia del resto de la Comunidad Internacional que ni siquiera se ha molestado en articular una legislación que ampare a quien huya de los desastres naturales provocados por el cambio climático. Y no hablamos de pocos, dado que la propia ACNUR estima que en el próximo medio siglo entre entre 250 y 1.000 millones de personas se convertirán en refugiados climáticos o ‘climigrantes’.
Los pronósticos de este agencia de la ONU, desafortunadamente, no parecen ir mal encaminados, porque según el último informe presentado por la organización Action Aid, con la que colabora Alianza por la Solidaridad, más de 400 millones de personas han sufrido en el último año los efectos del El Niño. Unas cifras que ponen los pelos de punta, considerando que hace tan sólo dos años, el Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), del Norwegian Refugee Council, estimaba el número de climigrantes en ‘tan sólo’ 19,3 millones de personas.
Entre las causas de este éxodo, no sólo se encuentran los desastres naturales como el reciente huracán Matthew, sino también el modo en que se acrecienta la inseguridad alimentaria en regiones de Centroamérica, Sudamérica, Sudeste asiático y en gran parte de África debido al aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera y las sequías de los últimos meses. Existen muchos ejemplos de ello, aunque no salten a los medios con la misma fuerza que la mudanza de los habitantes de la isla de Luisiana. Así, los expertos de la Alianza por la Solidaridad que trabajan sobre el terrono constantan cómo en Colombia las fuertes sequías han impedido el desarrollo de las cosechas de café, cacao y otros cultivos de los que también viven millones de personas en el país.
La lista de fenómenos similares en todo el mundo es interminable: el récord de temperaturas del Sahel africano ha retrasado la temporada de lluvias; la corta temporada de lluvias de Senegal ha afectado a los cultivos de arroz, maíz y mijo, precisamente en un país donde la subsistencia del 90% de la población depende de la agricultura y la ganadería… Incluso en lugares que no imaginamos porque están afectados por, por ejemplo, una guerra -donde se pone el foco-, como es el caso de Siria, que entre 2006 y 2011 ha padecido su peor sequía provocando un éxodo rural.
Se ha criticado mucho a Trump por sus burlas al cambio climático, por sus amenazas de romper con el acuerdo al que se llegó en la Cumbre del Clima de París de hace un año pero, ¿por qué no se incide también más en lo que Obama y el resto de los firmantes han hecho desde entonces? Aquella cumbre fue calificada de éxito porque los países que ratificaron el documento de la COP 21 se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares anuales (91.000 millones de euros) para el Fondo Verde. El destino de este Fondo, cuyo desembolso se prevía alcanzar para 2020, es los países de desarrollo, con el fin de que puedan prepararse y paliar los efectos del calentamiento global, un desembolso que se prevé alcanzar para 2020. Pues bien, de aquellos 91.000 millones de euros, únicamente se han aportado 9.100 millones de euros.
Estos días y hasta el próximo 18 de noviembre, se celebra la Cumbre del Clima COP 22 en Marrakech (Marruecos). De nuevo, se aparece ante nosotros una oportunidad de excepción para, no sólo atajar el problema de raíz con decisiones de limitar las emisiones que incrementan el calentamiento global, sino también con las medidas paliativas del daño ya causado, desde un compromiso real con la financiación con el Fondo Verde, al reforzamiento de la colaboración entre los organismos oficiales e instancias climáticas y del ámbito humanitario y, por supuesto, la acogida de los refugiados climáticos.
No sucede lo mismo en otros rincones del mundo. ¿Por qué? Sencillo, por la indiferencia del resto de la Comunidad Internacional que ni siquiera se ha molestado en articular una legislación que ampare a quien huya de los desastres naturales provocados por el cambio climático. Y no hablamos de pocos, dado que la propia ACNUR estima que en el próximo medio siglo entre entre 250 y 1.000 millones de personas se convertirán en refugiados climáticos o ‘climigrantes’.
Los pronósticos de este agencia de la ONU, desafortunadamente, no parecen ir mal encaminados, porque según el último informe presentado por la organización Action Aid, con la que colabora Alianza por la Solidaridad, más de 400 millones de personas han sufrido en el último año los efectos del El Niño. Unas cifras que ponen los pelos de punta, considerando que hace tan sólo dos años, el Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), del Norwegian Refugee Council, estimaba el número de climigrantes en ‘tan sólo’ 19,3 millones de personas.
Entre las causas de este éxodo, no sólo se encuentran los desastres naturales como el reciente huracán Matthew, sino también el modo en que se acrecienta la inseguridad alimentaria en regiones de Centroamérica, Sudamérica, Sudeste asiático y en gran parte de África debido al aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera y las sequías de los últimos meses. Existen muchos ejemplos de ello, aunque no salten a los medios con la misma fuerza que la mudanza de los habitantes de la isla de Luisiana. Así, los expertos de la Alianza por la Solidaridad que trabajan sobre el terrono constantan cómo en Colombia las fuertes sequías han impedido el desarrollo de las cosechas de café, cacao y otros cultivos de los que también viven millones de personas en el país.
La lista de fenómenos similares en todo el mundo es interminable: el récord de temperaturas del Sahel africano ha retrasado la temporada de lluvias; la corta temporada de lluvias de Senegal ha afectado a los cultivos de arroz, maíz y mijo, precisamente en un país donde la subsistencia del 90% de la población depende de la agricultura y la ganadería… Incluso en lugares que no imaginamos porque están afectados por, por ejemplo, una guerra -donde se pone el foco-, como es el caso de Siria, que entre 2006 y 2011 ha padecido su peor sequía provocando un éxodo rural.
Se ha criticado mucho a Trump por sus burlas al cambio climático, por sus amenazas de romper con el acuerdo al que se llegó en la Cumbre del Clima de París de hace un año pero, ¿por qué no se incide también más en lo que Obama y el resto de los firmantes han hecho desde entonces? Aquella cumbre fue calificada de éxito porque los países que ratificaron el documento de la COP 21 se comprometieron a aportar 100.000 millones de dólares anuales (91.000 millones de euros) para el Fondo Verde. El destino de este Fondo, cuyo desembolso se prevía alcanzar para 2020, es los países de desarrollo, con el fin de que puedan prepararse y paliar los efectos del calentamiento global, un desembolso que se prevé alcanzar para 2020. Pues bien, de aquellos 91.000 millones de euros, únicamente se han aportado 9.100 millones de euros.
Estos días y hasta el próximo 18 de noviembre, se celebra la Cumbre del Clima COP 22 en Marrakech (Marruecos). De nuevo, se aparece ante nosotros una oportunidad de excepción para, no sólo atajar el problema de raíz con decisiones de limitar las emisiones que incrementan el calentamiento global, sino también con las medidas paliativas del daño ya causado, desde un compromiso real con la financiación con el Fondo Verde, al reforzamiento de la colaboración entre los organismos oficiales e instancias climáticas y del ámbito humanitario y, por supuesto, la acogida de los refugiados climáticos.
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