España tiene un problema con su basura. Uno urgente, a juzgar por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en una sentencia reciente ha condenado a España por albergar una treintena de vertederos ilegales distribuidos por todo el territorio nacional y que hace años que debían haber sido acondicionados o clausurados. Y uno de fondo, si pretende cumplir con los nuevos objetivos de la Comisión Europea en materia de reciclaje y vertidos.
El tema de la gestión de los residuos es un lastre para nuestro país. Bruselas lleva persiguiendo a España para que ponga al día sus vertederos desde 2009, fecha en que venció el plazo dado por la UE para adaptarse a la directiva 1999/31/CE, que regula los vertidos en los Estados miembros. Entonces, la Comisión Europea elaboró un primer dictamen alertando a las autoridades sobre la ilegalidad de 123 vertederos. España ha ido adaptando y cerrando buena parte de ellos a lo largo de este tiempo, pero 17 años después todavía hay muchos que siguen incumpliendo la normativa.
El tema de la gestión de los residuos es un lastre para nuestro país. Bruselas lleva persiguiendo a España para que ponga al día sus vertederos desde 2009, fecha en que venció el plazo dado por la UE para adaptarse a la directiva 1999/31/CE, que regula los vertidos en los Estados miembros. Entonces, la Comisión Europea elaboró un primer dictamen alertando a las autoridades sobre la ilegalidad de 123 vertederos. España ha ido adaptando y cerrando buena parte de ellos a lo largo de este tiempo, pero 17 años después todavía hay muchos que siguen incumpliendo la normativa.
Según los datos de la propia Comisión Europea, actuar de manera correcta
en la gestión de los residuos supondría para los países comunitarios un
ahorro de 72.000 millones de euros, la creación de más de 400.000 puestos de trabajo y un aumento del negocio anual del sector de 42.000 millones de euros.
