Escuchar estos días las palabras del golpista Luis Fernando Camacho y de la autoproclamada presidenta de Bolivia me ha puesto los pelos de punta: la biblia en la mano, el ejército “bendecido por Jesús”, la defensa de la hispanidad católica contra los cultos paganos indígenas y su Pachamama... Y todavía me pone más los pelos de punta ver las mismas ideas defendidas a este lado del Atlántico por los ultraderechistas españoles: el imperio, la iglesia, la guerra contra todo lo que huele a ecología... En el fondo sabemos que es lo de siempre, por más que lo escondan detrás de la Biblia. No es la espiritualidad cristiana sino la tentación del poder terrenal (a la que tantas veces ha sucumbido la Iglesia Católica). No es la repulsa a supersticiones arcaicas, sino el hecho de que esos "pueblos primitivos" viven, precisamente, en los últimos lugares del Planeta todavía ricos en recursos naturales y su respeto a la tierra estorba a quienes quieren llevarselos sin dejarles nada más que el destrozo ambiental. Y no es la cultura hispana, son las nuevas oleadas de imperialismo globalizado extractivista: el oro, la plata, la soja, el litio de América. Pero todavía habrá quien se deje engañar por el mito hipócrita del viejo imperio y la vieja cruzada religiosa para poder aplastar a los pueblos vecinos con un poco más de tranquilidad.

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Habas contadas

Marcadores de esquizofrenia en el pelo

Knowing that, the researchers gathered hair follicles from more than 150 people and examined the expression levels of Mpst, finding that those were much higher in people diagnosed with schizophrenia. And this is how a biomarker in hair could help diagnose schizophrenia. Still, Mpst is not a 100% reliable biomarker, possibly because schizophrenia is not one but various diseases, and some patients might have some characteristics that others do not share. Not only has this discovery the potential of revolutionising disease diagnosis but also the search for novel treatment targets. But the most interesting thing by far is the finding that the cause might be an impaired cell energy metabolism as a result of epigenetic modifications leading to the over expression of Mpst and other anti-oxidative genes. But what is driving these epigenetic changes? It seems that inflammatory/oxidative threats in early brain development could produce an anti-oxidative response mediated by Mpst which would affect cell metabolism and in turn lead to schizophrenia. In conclusion, a new biomarker in hair could help early diagnosis of -some- schizophrenia cases and offers hope for new drug discovery. Now, only time will tell how far Mpst can take us. Mapping ignorance

Clopirifós

France24

No se conoce porque de eso no se habla. Pero está en el ambiente, en los alimentos que ingerimos y, por lo tanto, en nuestros cuerpos. Las consecuencias de la exposición son brutales: ataca el sistema nervioso provocando desde incoordinación motora hasta la muerte por asfixia. También puede causar retraso en la maduración embrionaria; deterioro del crecimiento y de la reproducción; cambios comportamentales y neurológicos; deformidades y mortalidad a largo plazo. Es considerado, además, un poderoso cancerígeno, porque genera daños a nivel del ADN. Se trata del clorpirifós, un insecticida que se aplica en dosis industriales en el campo argentino y que a través de distintos mecanismos de transporte y diseminación, llega a los sistemas de agua. "Es peor que el glifosato", advierten los especialistas.

El clorpirifós es un plaguicida organofosforado de amplio espectro, que se aplica para el control de numerosas plagas –insectos y ácaros–, principalmente en cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Según datos oficiales, fue el insecticida más usado en 2017: sólo ese año se importaron más de 278 millones de kilos de plaguicidas por los que se pagaron algo más de 1611 millones de dólares. Pese a la disponibilidad de otros insecticidas más amigables con el ambiente, y de las prohibiciones que tiene en el mundo, el clorpirifós se impone sobre los demás desde su aprobación en 1962.

Según el Senasa, el clorpirifós es "altamente tóxico" para las abejas y "muy tóxico" para aves, peces y organismos acuáticos. Lo considera de clase II, es decir, un producto "moderadamente peligroso y nocivo", aunque existen otras clasificaciones que lo señalan como altamente dañino. En 2009, el por entonces Ministerio de Salud dispuso su prohibición para uso doméstico, aunque lo habilitó en el ámbito rural. Es de venta libre.

"Para tener una estimación de la problemática a la que nos enfrentamos, y sólo considerando el total de hectáreas sembradas en la campaña 2017-2018 para la soja en la provincia de Buenos Aires, se habrían liberado al ambiente unos seis millones de litros. Se estima que una persona está expuesta a once litros de pesticidas por año. Falten estudios epidemiológicos, es cierto, pero todos nos damos cuenta de que hay demasiado cáncer en el país", sostiene Melina Álvarez, doctora en Biología, exbecaria del Conicet y hoy investigadora en el área de Química Ambiental de la Universidad Nacional de Hurlingham.

Álvarez, junto a otros investigadores, realizó un análisis de riesgo para establecer un valor máximo permitido para las aplicaciones de clorpirifós, que proteja las especies acuáticas que viven expuestas a este contaminante.

El estudio, recientemente publicado en una revista extranjera especializada en Toxicología y Contaminación Ambiental, incluyó 193 muestras, tomadas de 24 lugares distintos de la Pampa Húmeda, y la comparación de los valores de concentración con 12 niveles guía (uno nacional y once internacionales). La conclusión fue que las frecuencias de aparición del clorpirifós nunca bajaron del 40% de las muestras y en algunos casos llegaron al 100 por ciento.

"Para tener una idea de su toxicidad –explica Álvarez–, consideremos que la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (la ex Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación) recomienda un valor máximo que ha sido superado en más del 60% de las veces en que se han monitoreado los niveles de este tóxico. Nosotros encontramos que inclusive este valor guía resulta insuficiente para proteger la fauna acuática que habita la región, ya que se afectaría un porcentaje inaceptable de especies. De estos resultados se deduce que existe un riesgo real para los ecosistemas acuáticos, y por eso sugerimos que el límite máximo admisible de clorpirifós debería establecerse en un valor diez veces más bajo que el actual, para asegurar la protección del 95% de las especies acuáticas".

Kaosenlared

Refugiados

El mes de diciembre se acerca y los termómetros siguen bajando. Todos los días sin excepción decenas de personas que huyen de la violencia de sus países guardan fila, desde primera hora de la mañana, a las puertas del Samur. Esperan durante largas horas para, en muchos casos, acabar durmiendo en la calle para no perder el turno en la cola. Esa es la imagen del Madrid invernal de un tiempo a esta parte: niños en la calle y vecinos auxiliando ante la pasividad del Ayuntamiento y también del Gobierno central.


“Se dice por aquí que si te ven, si eres insistente, te llaman antes”, cuenta Danelis del Carmen, estudiante venezolana de 25 años, tras una gruesa bufanda blanca que solo deja entrever sus ojos rasgados. Ella y su hermano de 18 años llevan tres noches durmiendo frente a la sede del Samur “por si acaso”. Hay otra verdad: “Cuando aparecen las cámaras de televisión, se liberan plazas donde antes no las había”, dice una trabajadora social del centro de La Latina.

"Ningún trabajador del Samur Social les diría que no hay plazas sabiendo que las hay, las camas no se liberan a las 12 de la noche", explica. "Hay presión mediática y son los jefes quienes hacen lo que sea para sacar a las familias de la calle. No es que surjan plazas, las teles las sacan de donde no las hay”.


La campaña de frío arranca en Madrid el lunes 25 de noviembre con las mismas plazas que el año pasado. Ni más ni menos. 479 para pernoctar y 30 recursos en centros de día, que se abren hasta el 31 de marzo todos los años para albergar a las personas sin techo durante los meses de más frío. A mediados de septiembre, 150 de estas camas se abrieron de manera excepcional para dar cobijo a los refugiados que duermen a las puertas del Samur Social desde hace meses. Pero esa excepción duró poco. Según informa el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, que depende de José Aniorte (Ciudadanos), estos recursos comenzaron a cerrarse gradualmente poco antes de que el Ayuntamiento pusiera a disposición del Ministerio de Migraciones un edificio en Cercedilla para acogerlos.

Los recursos reservados para la campaña del frío no se han utilizado en su totalidad a pesar de que la situación de emergencia continúa. Los trabajadores del Samur toman los datos de las mismas personas solicitantes de asilo, una y otra vez, y les dan siempre la misma respuesta: “No hay plazas”. Sin embargo, más de 500 están vacías y bloqueadas hasta el próximo lunes.


Ante esta situación, la Administración municipal explica: “No podemos abrirlas antes del 25 por un tema de contratos, si lo incumplimos a sabiendas nos expondríamos a responsabilidades serias”. Se quejan de falta de recursos: es competencia del Gobierno y no del municipio la gestión de los refugiados. “Ojalá pudiésemos abrir 10.000 plazas y solucionar lo de los refugiados pero los presupuestos [4.686 millones para 2020] son los que son”, indican. Mientras Ayuntamiento y Gobierno se ponen de acuerdo, son los vecinos los que evitan que los refugiados duerman en la calle: pagan noches en pensiones, los alojan en sus casas o les trasladan a parroquias como la de San Carlos Borromeo. Ellos no tienen ninguna duda: “Aquí ningún niño duerme en la calle”, aseguran los voluntarios que acuden cada día a las puertas del Samur Social.

Este año el número de personas demandantes de asilo que llegaron a Madrid a través del Aeropuerto de Barajas se ha duplicado. De 20.500 a 50.000, según los datos que el propio Aniorte compartió en la comisión municipal ordinaria del pasado martes. Una vez en tierra, los refugiados se desplazan a la comisaría de Aluche para conseguir la cita que inicia el proceso de protección internacional. Manuel Páez, el comisario de la Brigada de Extranjería, confirma los datos del edil: “El año pasado dábamos un máximo de 200 citas al día, ahora llevamos dos meses en los que llegamos a dar más de 600 en una mañana”.

El proceso termina para algunos a las puertas del Samur Social. La respuesta es la de siempre: no hay camas. Entonces aparecen vecinos solidarios para asistir a las familias. Y, si hay suerte, las cámaras de televisión. Entonces, aparece la solución mágica: hay camas.

Este jueves, tras la publicación de este artículo, el edil de la Concejalía de Familias ha enviado una carta a Magdalena Valerio, al frente del Ministerio de Migraciones, el órgano que tiene la competencia para acoger a los solicitantes de asilo. El Ayuntamiento de Madrid insta al Gobierno en este escrito a reunirse el viernes 29 de noviembre para atajar juntos esta emergencia social. "El aeropuerto de Barajas se ha convertido en la principal frontera de España. A día de hoy miles de familias han tenido que ser atendidas a través de la red de emergencia del Ayuntamiento que no alcanza para la gran afluencia de solicitantes cuya acogida es competencia del Gobierno", afirma Aniorte en el texto que ha lanzado en redes sociales. También invita a sumarse al encuentro a organizaciones como Unicef, ACNUR y la ONG Save the Children a sumarse a esa reunión. Según el edil, "llegan a Madrid pero vienen a España. Acogerlos es un deber nacional".

El país 

Requiem por un sueño

-All-

El Kanka feat Álvaro Ruíz - Tienes Que Saltar (Acústico)

Is Batman the bad guy?

Food Cop

Documental

Violencia institucional

¿Existe un marco internacional que reconoce la violencia institucional?

Por mucho que digan que la violencia institucional es un invento de las feministas, sí existe un reconocimiento internacional sobre ella. En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas, contemplaba ya la violencia “física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado”. En su artículo cuatro recogía más de diecisiete deberes a cumplir por parte de los Estados para proteger de la violencia a la mujer: desde unos presupuestos que garanticen la protección de las víctimas, a medidas en la atención, asistencia, educación o investigación.

En los mismos términos se expresa la conocida como “Convención de Belém do Pará”, de 1996, cuando indica que es violencia la “perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”. Un paso más da el Convenio de Estambul, cuando recoge en su artículo cinco las obligaciones del Estado y traslada esa responsabilidad a las “autoridades, los funcionarios, agentes e instituciones estatales”.

La violencia institucional no es un invento de las feministas

Por lo tanto, si el reconocimiento internacional es abundante, ¿por qué una y otra vez leemos sentencias contra las víctimas de violencia género u ocurren fallos en las redes de atención y recuperación?

“Realmente, la dimensión institucional de la violencia contra las mujeres es una de las aportaciones más recientes de la perspectiva feminista en las violencias machistas, y su no consideración nos lleva, por el marco internacional, a una vulneración de los derechos humanos por acción o por omisión del Estado. Quizás, el hecho de que sea uno de los temas más recientes incorporados en la agenda lleva a parte de este vacío. Y, sobre todo, a quién nos enfrentamos, a quién señalamos. Es el Estado, que tiene todo el poder”, argumenta la abogada de familia Consuelo Abril.

Público

En el año 2000 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que afirmaba que el testimonio de una mujer valía lo mismo que el de un hombre. Hizo falta que entrara el siglo XXI para el que TS de nuestro país, democrático, europeo, tuviese que advertir formalmente, en una sentencia, de tal consideración. Porque es repetido el caso en que ni en la policía ni en los tribunales se considera el testimonio de una mujer con el mismo peso y veracidad que el de un hombre. Como en los países musulmanes donde todavía rige la disposición del Corán que establece que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre.

A la tortura de recibir maltrato continuado del hombre con el que convive, o de ser violada por conocidos o desconocidos, o acosada en la calle y en el trabajo, humillada por la sociedad que considera a la mujer pieza de caza masculina, despedida del empleo si se opone a las salaces pretensiones del empleador, la mujer que se atreva a pedir protección a las instituciones establecidas para ello, puede unir el desprecio y la sospecha de aquellos que deben protegerla, la espera del interminable proceso que se inicia, los interrogatorios infamantes de fiscales, jueces y abogados, y la sentencia absolutoria de sus verdugos, o como en el caso de Carmen Fernández, la burla de su gobierno que se negó a ejecutar las diez sentencias que acumuló a su favor. En los estudios realizados por profesoras de la Universidad de Barcelona se concluyó que una mujer maltratada, que denuncia, sólo tiene el 6% de posibilidades de ver en la cárcel a su maltratador.

Hay países que han aprobado una ley de violencia contra la mujer en la que incluyen la violencia institucional, tipificada como la que ejercen las instituciones negándose a proteger a la víctima cuando acude a solicitar su amparo.

Público

Así, desde Irídia plantean hacer cambios en el sistema judicial para poner el foco en los agresores y que los interrogatorios a las víctimas no se centren en cómo fue la negativa al acto sexual, sino dando por hecho que no hubo consentimiento.

Piden que los jueces y fiscales, al tomar declaración a la mujer, eviten dar por hecho que hasta que no se dice ‘no’ de forma clara «hay barra libre de violencia sexual».

También han reclamado desterrar las preguntas sobre la víctima: si había consumido alcohol o drogas, cómo iba vestida, si dijo claramente ‘no’ y cómo manifestó su oposición al agresor, entre otros, y tener en cuenta que si su relato es desordenado y con lagunas se debe al trauma vivido y no a que esté mintiendo.

Para la abogada, no puede ser que las víctimas sean «invitadas de piedra» en el proceso judicial: tienen todo el derecho a introducir los elementos de afectación de la situación que han vivido y a ser escuchadas, ha reclamado.

Tras este estudio, «la gran conclusión» es que la formación de carácter jurídico no es suficiente para que los operadores jurídicos puedan alejar los mitos y estereotipos en torno a las violencias sexuales y que además no hay diferencias de trato entre los juzgados ordinarios y los juzgados de violencia sobre la mujer.

Tribuna

Supervivientes. La violencia machista como tema en el arte contemporáneo del Estado español recoge aquellas prácticas que plantean diferentes tipos de visualidades sobre la violencia institucional del Estado, la violencia intersubjetiva en el ámbito de los afectos y la violencia simbólica. El relato expositivo pone el foco en la evolución de las construcciones de la identidad de víctima y contextualiza las visualidades de las mujeres en situación de violencia en el marco histórico y social en el que se inscriben. La exposición está articulada en torno a tres ejes cuyo objetivo es el análisis de la percepción de la violencia machista en nuestra sociedad: el eje político, concerniente a las políticas de los gobiernos sobre las mujeres; el eje activista, que refleja las luchas feministas en el Estado español; y, por último, el eje artístico, que muestra las prácticas contemporáneas en el terreno del arte. Finalmente, la exposición nos lanza una pregunta: ¿cómo representar la violencia machista en el contexto actual?

Comisaria: Elena G. Fraj Herranz

Colabora: Esther Moreno

Negocio de ropa usada en África

¿Cuáles son las consecuencias de exportar ropa usada en estos países?

Miles de zapatillas de marcas como Nike o Adidas amontonadas, camisas de Ralph Lauren y Zara polvorientas o trajes para hombres de estilo anticuado son prendas habituales de ver en los mercados locales si uno viaja por países africanos. Kenia, Uganda Tanzania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria son los principales mercados de ropa usada en este continente.
Este negocio beneficia a los locales que pueden adquirir prendas de calidad por un precio muy inferior al que puede costar en Occidente, a los ciudadanos que se dedican a la venta de estos productos -la mayoría de las veces, en el sector informal de la economía-, y a los gobiernos, que se proveen de ingresos a través de los aranceles en las aduanas. Sin olvidar a las empresas exportadoras de los países desarrollados.

A primera vista, todo parecen ventajas para todas las partes. Pero en 2015, la Comunidad de África del Este (EAC por sus siglas en inglés, que agrupa a Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi y Sudán del Sur) anunció que prohibirían la importación de ropa usada en 2019. Siguen la senda de países como Bolivia, México o Zimbabue, donde prohibieron la importación tiempo atrás. Y el objetivo es claro: fortalecer una industria textil que ha quedado en mínimos debido la dificultad de ser competitivo con la importación de ropa usada a bajos precios. Estas políticas de prohibición, de carácter proteccionista, ya empiezan a pasar factura al sector que venía creciendo con fuerza en los últimos años.

United explanations

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Helen Keller

«Las mejores y más bellas cosas de este mundo no pueden ser solo vistas o incluso escuchadas; también deben ser sentidas con el corazón».

-Helen Keller-