8 claves para entender el Tratado
Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y representantes políticos que suscribimos la presente carta nos dirigimos al Gobierno de España, como miembro de la Conferencia de la Carta de la Energía, para solicitarle la salida del Reino de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) ante la celebración de la segunda ronda de negociaciones para su modernización el próximo mes de junio en Bruselas.
En una situación de crisis climática y sanitaria, en la que se deberán tomar medidas legislativas extraordinarias, consideramos que el TCE constituye una grave amenaza para el interés público, debido a su incompatibilidad con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC del Acuerdo de París sobre el clima, con las políticas necesarias para la transición energética justa y con otras medidas imprescindibles de políticas públicas. El TCE pone en peligro los objetivos contenidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El TCE es un tratado multilateral de inversiones en el sector energético concebido a finales de los años 90 y ratificado actualmente por 53 países de Europa, Asia Central y Japón. Es un acuerdo extremadamente asimétrico, que otorga grandes privilegios a corporaciones e inversores del sector de la energía. El TCE contiene muchas normas, pero son las disposiciones que protegen las inversiones extranjeras en el sector energético─tales como las cláusulas de solución de conflictos inversor-Estado (ISDS)─ las especialmente preocupantes. Dichas disposiciones instauran unos tribunales de arbitraje privados, compuestos por tres abogados especializados en derecho comercial internacional, que funcionan al margen de los tribunales públicos existentes, en un proceso opaco por el que los inversores extranjeros pueden demandar a los Estados cuando éstos ejecutan medidas que afectan a sus intereses económicos, y reclamar por ello cifras desorbitadas de dinero público.
De este modo, El TCE está siendo utilizado ─y lo será cada vez más─ para cuestionar aquellas medidas legislativas dirigidas a eliminar progresivamente las fuentes de energía fósil y nuclear. Será un obstáculo para priorizar la inversión en energías renovables y en eficiencia energética, para poner la producción de energía bajo el control público y para adoptar medidas que pongan fin a la pobreza energética.
