¿Existe el derecho a un clima sostenible?

Activistas en contra del cambio climático esperan que los demandantes de Julianna tengan éxito, pero en frente tienen a una administración que no se anda con chiquitas. El Departamento de Justicia defiende que no existe “el derecho a un sistema climático capaz de sostener la vida humana”, tal y como argumentan los impulsores del caso, y que en cualquier caso no está recogido como tal en la Quinta Enmienda, cuando se menciona el derecho a la vida, la libertad y la propiedad que enarbolan los denunciantes. El gobierno defiende también que el tribunal del distrito de Oregón no tiene competencia para este asunto.

Además, señala, y no sin razón, que no será posible una compensación significativa ya que una reducción drástica de las emisiones contaminantes por parte de Estados Unidos no tendría un impacto notable si los demás países no hacen lo mismo.

La lucha contra el cambio climático en los tribunales

No es la primera vez que la lucha contra el cambio climático se libra en los tribunales. Desde la década de los 80, cuando comenzábamos a ver las orejas al lobo, diversas iniciativas han tratado de lograr por la vía judicial las medidas y los planes de acción que ha sido tan difícil y lento alcanzar por la vía política, la mayor parte de las veces con poco éxito.

Recientemente las cosas han comenzado a cambiar y en 2015 la Fundación Urgenda logró una victoria histórica contra el gobierno holandés: el juez del caso obligó al país a reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero al menos un 25% por debajo de las de 1990 antes de 2020 citando como motivo los posibles daños climáticos para las generaciones presentes y futuras de ciudadanos holandeses y el deber de su gobierno de prevenirlos.

Ese caso, igual que el Julianna, se ha convertido en un modelo para otras demandas climáticas en otros países, en lo que ya se ha convertido en un fenómeno global. En enero de este año, 25 jóvenes colombianos denunciaron a su gobierno por no respetar su derecho a un medio ambiente sano y sostenible. El Tribunal Supremo de Colombia falló a su favor en abril. No solamente obligó al gobierno a tomar medidas para frenar la deforestación y el cambio climático, sino que determinó que la selva amazónica colombiana es sujeto de derecho y tiene derecho a “protección, conservación, mantenimiento y restauración”.

Según ese fallo, el gobierno no ha sido hasta ahora eficaz en los esfuerzos por proteger el Amazonas, poniendo en riesgo la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras colombianas: “La imposibilidad de ejercer los derechos fundamentales al agua, a respirar aire puro y a disfrutar de un ambiente sano está enfermando a los colombianos, aumenta la carencia de agua dulce y disminuye las expectativas de vida digna”, se puede leer en este texto que explica la sentencia.

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